La IA al estrado

Imagina estar en una sala de audiencias, con el murmullo bajito, las miradas tensas… y, de pronto, además de los testigos de siempre, aparece una “voz” distinta. No respira, no suda, no duda: una inteligencia artificial que responde preguntas sobre historias clínicas y hechos enredados. Suena raro, casi cinematográfico… pero ya no tanto.

Recientemente, un tribunal Civil en Cali negó la solicitud de que un modelo de inteligencia artificial participara en un juicio sobre mala praxis médica. La petición buscaba que la IA respondiera preguntas sobre dictámenes y la historia clínica del paciente como testigo experto. Su argumento para negarla fue que la IA no es una persona ni un perito, y que su información no siempre es verificable. Además, su uso directo en audiencias presenta riesgos: sesgos, errores y datos que parecen correctos, pero no lo son. En otras palabras, la justicia no puede depender únicamente de algoritmos, por muy avanzados que sean.

Pero el futuro nos invita a imaginar algo distinto. ¿Qué pasaría si pudiéramos integrar la IA como testigo experto, de manera segura y confiable?

Imaginemos un escenario donde la IA no responde libremente, sino bajo reglas estrictas. Una IA creada única y exclusivamente para responder e interpretar datos de manera auditada y confiable: cada pregunta sería registrada, cada respuesta verificada por peritos humanos, y cada conclusión trazable y reproducible. La IA señalaría qué información proviene directamente de documentos validados y qué parte es inferencia estadística, siempre indicando su grado de certeza.

En la audiencia, los abogados y el juez podrían cuestionar cada respuesta, revisarla, compararla con evidencia documental y asegurarse de que todo el proceso cumpla con los estándares de fiabilidad que hoy exige la ley. Así, la inteligencia artificial no reemplazaría a los testigos ni al juez; sería un instrumento experto certificado, un aliado que organiza información compleja y facilita decisiones más precisas.

El valor de la IA estaría en sintetizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones y respaldar análisis complejos, no en “dar su versión” como lo haría un humano. La decisión final seguiría en manos de las personas, manteniendo el juicio crítico y la responsabilidad legal donde siempre ha estado.

El caso de Cali nos recuerda algo fundamental: la inteligencia artificial ya no es solo una herramienta tecnológica; es un actor que desafía los límites tradicionales de la justicia. Integrarla correctamente será un reto de ética, transparencia y supervisión, pero también una oportunidad para que los juicios sean más informados, más eficientes y, sin perder su esencia humana, más justos.